Por Giovanna María Aldana Barahona [2]
El genocidio en contra de los grupo indígenas en América se ha descrito como un asunto del pasado, sin embargo, es una práctica que no ha cesado desde la llegada de los europeos al territorio que hoy denominamos continente americano. Las acciones de gobiernos en contra de poblaciones indígenas, como ocurre con países como Brasil o Colombia, son un ejemplo de ello. Al mismo tiempo, los pueblos buscan reivindicar sus derechos y resisten con estrategias diversas que van desde la protesta directa en las calles hasta la defensa de su cultura y pensamiento por medio de actos cotidianos, de educación o de performance sobre hitos de la cultura occidental.
Los indígenas en el territorio denominado América latina enfrentan diariamente barreras estructurales que limitan su plena inclusión social y económica en todos los países en los que habitan. Esta información no es una novedad, por el contrario, contiene la normalización de que un grupo social se encuentre excluido por acciones del estado y que se justifique por causas económicas estructurales que hacen que permanezcan diferencias coloniales aún a más de doscientos años de finalizado el proceso colonial.
A la situación de falta de garantías por parte del Estado para el acceso a los recursos, se le suma el asesinato sistemático de personas pertenecientes a comunidades indígenas, lo cual ha ocurrido históricamente y sigue presentándose en varios de los países de América latina en un cuentagotas que desangra poco a poco a las comunidades. Hay múltiples ejemplos para mencionar: hasta hace unas pocas décadas (alrededor de 1960) en Colombia se permitía la caza de indígenas para poblar tierras; en Argentina se ha negado largamente la existencia de poblaciones indígenas; en el gobierno de Fujimori en el Perú (1990-2000) se hicieron histerectomías y vasectomías ilícitas a la población indígena, por mencionar unos pocos de entre muchos actos de extermino que se han presentado en la región.
Otra manera de auspiciar el genocidio de los pueblos indígenas es su invisibilización; al respecto, los estados han minimizado la existencia de los pueblos indígenas por medio de conteos errados en los censos, con ausencia de preguntas de auto reconocimiento, márgenes de error exagerados, o la falta misma de su realización; todos son mecanismos que llevan a que no se sepa a cabalidad la cantidad de población indígena y a que no se generen las políticas necesarias para cubrir sus necesidades.
Este tipo de tratos sobre los pueblos indígenas se ven enmarcados en discursos de odio auspiciados por gobiernos o líderes políticos que presentan información estigmatizadora. Dichos discursos de odio son el corolario de la violencia epistémica mientras que los ataques y asesinatos lo son de la violencia física. Ambos tipos de violencia son la base del “ideal de la subjetividad moderna” de acuerdo al filósofo Nelson Maldonado-Torres[3]. Esto quiere decir, que para llegar a los procesos de desangramiento, olvido y desatención de los pueblos indígenas se ha mantenido un esquema de pensamiento racista y clasista construido como fundamento ontológico de las sociedades actuales. Por eso, estos tipos de violencia pueden ser ejercidos por diferentes actores de la sociedad que consideran que están respaldados por y mantienen ese statu quo. Un ejemplo de lo anterior son los eventos ocurridos en los últimos años en contra de los pueblos indígenas colombianos organizados en torno a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
En Colombia, desde 2009 por medio de la sentencia T-25 auto 004, la corte constitucional declaró que 32 de los 102 pueblos indígenas del país se encontraban en peligro de extinción; e indicó que el Estado debía tomar medidas para acabar con este contexto. Sin embargo, la situación de vulneración a los derechos de los pueblos indígenas no ha mejorado desde entonces; muy por el contrario hacen parte de los grupos con menor acceso a los recursos, servicios y calidad de vida del país, muchos no cuentan con acceso a servicios básicos ni de salud y mantienen bajos niveles de nutrición, de acuerdo a reportes del ministerio de salud[4]. Además, La violencia física de la que son objeto se llena de cifras escalofriantes, entre enero de 2016 y marzo de 2021 en Colombia los asesinatos a indígenas llegaron a ser de más de 280[5]. Estos asesinatos se recrudecieron con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz; la mayoría se cometen en el Valle del Cauca, lugar de disputa de diferentes grupos armados narcotraficantes.
Indígena Nasa con la bandera de la ONIC en el entierro de los cuerpos de los líderes asesinados en 2019. Imagen de: LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images.
Estas cifras muestran el genocidio que se presenta cotidianamente en el país. A las cifras se suma que no hay acompañamiento del Estado para proteger a la comunidad de estos hechos y, en algunos casos, las comunidades indígenas señalan a los propios agentes de la fuerza pública como los agresores[6].
Debido a los constantes ataques en abril de 2021 el país se sumió en manifestaciones en contra de diferentes decisiones del gobierno de Iván Duque. En ese marco, la ONIC organizó la una minga[7] indígena para reclamar a los representantes del Estado acciones de protección y respuestas sobre los asesinatos a los líderes indígenas y sociales. En la actualidad se le denomina minga a las participaciones colectivas de protesta indígena que reúnen a varios grupos indígenas, pero principalmente al grupo de Nasa que tienen un fuerte grupo de Guardia Indígena. Este es un grupo de indígenas, hombrees y mujeres, que se encargan de mantener el orden en el resguardo y en las manifestaciones, no se encuentran armados.
En esa ocasión la minga realizó tomas y bloqueos de espacios públicos en diferentes zonas de Cali, una de las ciudades más afectadas por la pobreza en el país y, por lo tanto, uno de los focos más relevantes de las protestas nacionales. Dentro de sus acciones la minga desarmó a infiltrados de la policía en las protestas; les quitó sus armas, los enjuició de acuerdo a sus usos y costumbres, y los entregó a la defensoría del pueblo y representantes de la ONU[8]. Este acto pacífico tuvo como respuesta que grupos armados de la población civil, respaldados por grupos de policías les dispararan a los indígenas que se encontraban en la minga en diferentes puntos de la ciudad (como lo mostraron varios videos difundidos por redes sociales). En total dejaron nueve personas con heridas de bala. Ante estos hechos todavía no hay ningún judicializado, investigación o respuesta de parte del gobierno.
En la imagen de la izquierda se ve a un hombre con camisa blanca apuntando con una pistola a un miembro de la guardia indígena. La imagen de la derecha corresponde a un hombre con camisa blanca disparando a la minga mientras un policía lo protege. Imágenes que se encuentran en varias redes sociales.
Estos ataques además fueron acompañados en algunos casos por arengas gritando a la minga ¡váyase, indio! Por parte de un grupo de personas que -de acuerdo a las imágenes que aparecen en los vídeos- se encontraban acompañando y apoyando a las personas armadas.
¿Qué hacer para resistir y no desfallecer ante este etnocidio? Frente a estos constantes ataques los pueblos indígenas en Colombia toman acciones de resistencia frente al estado y a los conciudadanos que vulneran sus derechos. La minga es una manera de protestar de forma directa, también se desarrollan acciones jurídicas y penales o acciones culturales y, desde hace un tiempo, también se desarrollan acciones de tipo performativo, como por ejemplo derribar los monumentos de conquistadores en diferentes puntos del país. El pueblo misak, aliado a la ONIC, ha derribado tres de ellos, el primero y segundo de Sebastián de Belalcazar en septiembre de 2020 en Popayán, y el 28 de abril en Cali; y el tercero de Gonzalo Jiménez de Quesada, el 9 de mayo de 2021 en Bogotá. Ambos personajes se consideran “fundadores” de las capitales por parte de la historia tradicional. A pesar de que sus nombres son forjados como prohombres, la revisión histórica permite reconocer que sus actos fueron genocidas de los pueblos indígenas, y que los propios líderes y lideresas lo señalan en la actualidad.
Como parte del performance, el derribamiento de las estatuas viene acompañado en todos los casos por unos “juicios” simbólicos en los que se le imputan delitos como: genocidio despojo y acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural y tortura. Hechos que se conocen plenamente en la historia y que siguen erigidos mientras se consideren monumentos nacionales a este tipo de personajes. Eso es lo que quieren derribar también los pueblos indígenas y allí radica lo poderoso de su acto.
Imagen de la escultura derribada de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. Los representantes del grupo misak que lo derribó está subido en el pedestal en donde se encontraba la escultura.
Imágenes de: https://www.kienyke.com/bogota/indigenas-misak-derriban-estatua-gonzalo-jimenez-de-quesada
Derribar estas estatuas es un acto de resistencia lleno de símbolos descolonizadores. No se trata de vandalismo, como han sido calificados los actos desde algunos sectores, sino de actos reivindicativos de la cultura indígena en Colombia. Los grupos indígenas que lideran estos actos muestran una propuesta de sensibilización a la sociedad en general por medio de actos disruptivos, ya sea por el choque o las simpatías que puedan generar.
Estos actos de resistencia indígena sencillos pero poderosos, llaman la atención sobre la manera en que se ha escrito la historia, sobre la posición que ocupan los grupos indígenas en la sociedad y también sobre cómo se pueden construir caminos diferentes en un país que tiene una profunda deuda en el reconocimiento de los derechos y de la diversidad de sus pueblos indígenas.
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[1] Originalmente publicado en Center for Holocaust & Genocide Studies — June 29, 2021. https://thesocietypages.org/holocaust-genocide/voices-resisting-silence-the-struggle-of-indigenous-colombians-facing-systemic-genocide/ [2] Giovanna es Doctora en Investigación en Ciencias Sociales. Ha sido docente universitaria en Perú y en Colombia, y consultora social para diversas organizaciones. Sus temas de investigación e interés son las resistencias indígenas en el Abya Yala; la herencia cultural y epistémica indígena, así como los procesos de transformación de la identidad de los grupos originarios y su relación con el racismo. Es parte del grupo fundador de la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas (RERI). https://independiente.academia.edu/GiovannaMariaAldanaBarahona [3] Ver: https://www.redalyc.org/pdf/396/39600905.pdf [4] https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/perfil-epidemiologico-indigenas-parte2.pdf [5] Según cifras del Instituto para la Defensa de la Paz, Indepaz. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/06/L%C3%ADderes-ind%C3%ADgenas-asesinados.pdf [6] A través de las organizaciones como el colectivo Dejusticia, Indepaz o internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, entre otros. [7] Corresponde a un tipo de reunión con repartición de tareas y actividades desarrolladas de manera conjunta. [8] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cric-hizo-entrega-de-policia-que-estaba-infiltrado-en-la-minga-indigena/